Hace un año tuvimos un discurso presidencial de tres horas, no obstante, la gestión pública continúa en crisis. El desgaste gubernamental se mantiene en una pendiente descendente, que se trasluce en sus bajos niveles de aprobación ciudadana, así como en las muestras de disconformidad por parte de distintos gremios.

Los constantes escándalos protagonizados por altos funcionarios, no se ven menguados en forma alguna por políticas públicas que puedan sopesar el descontento. Llegamos a un 28 de julio sin mayores expectativas por el discurso presidencial, en gran medida debido a las fallas del gobierno. Cuando se pierde la credibilidad, no hay discursos que la repongan. Es ahí cuando los gobernantes buscan presentar anuncios agrandando hechos o realizando promesas grandilocuentes, como si fueran un logro de gestión pública, para recuperar algo de popularidad.

Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿Cómo le va a la gestión pública?. La palabra “crisis” es una constante al momento de analizar la gestión pública en los últimos años. Por ejemplo, en lo que va del 2024, podemos hablar de la crisis en el sector salud por el mal manejo del dengüe, el desabastecimiento de medicinas en establecimientos públicos, equipos e infraestructura deteriorada. También de la crisis por el incremento de la inseguridad ciudadana y de proliferación de bandas criminales.

Ello va de la mano con la ausencia de planes y acciones efectivas para enfrentar estos problemas públicos. Basta revisar la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas para comprobar que hasta el cierre de junio solo se ejecutó el 33.6% del presupuesto total anual previsto para inversión pública a nivel del Gobierno Nacional, con sectores como Desarrollo e Inclusión Social con 2.7% y Relaciones Exteriores con 4% de ejecución, en tanto que Interior y Salud cuentan con 14.9% y 26.8%, respectivamente.

La mala gestión incluye a empresas públicas y entidades adscritas al Poder Ejecutivo. Nos lo evidencian casos como el de CORPAC con la falta de mantenimiento de las luces para la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como la continuidad de la crisis de PETROPERU.

Las dificultades se acrecientan, si analizamos algunas medidas propuestas por el Poder Ejecutivo, como el intento de fusionar los organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos planteada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, es ampliamente criticada su falta de reacción ante propuestas de leyes que podrían favorecer a las economías ilegales o socavar la institucionalidad pública.

El recuento de los daños puede seguir, inclusive podemos cuestionar nuestra real posibilidad actual de incorporarnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Mas queda latente la pregunta: ¿qué puede aportar el discurso de 28 de julio para generar un mejor clima para el desarrollo y la gestión pública?. La respuesta no es sencilla. Existen escenarios previstos para este año que deben garantizarse como la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y la inauguración del Megapuerto de Chancay, debiendo incluirse las obras públicas de conectividad.

Asimismo, sería importante actualizar el Plan Nacional de Infraestructura de la mano con la mejora en la capacidad de gestión de proyectos de gran envergadura, incluyendo al sector privado. Ello puede acompañarse con la creación del anunciado Ministerio de Infraestructura, siempre y cuando no sea solo una amalgama de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y otras ejecutoras, sin mayor cimiento que la urgencia política de tener un anuncio. Pues el discurso, tendrá por reto principal no consistir en puras palabras de autoridades concentradas más en su situación legal que en la gestión pública.