La inversión pública durante el primer año de gobierno afrontó dificultades como la disminución de la ejecución del Gobierno Nacional y la proximidad de las elecciones regionales y municipales de octubre de este año. Ambos retos continúan latentes, y se acompañarán con la importancia de lograr una buena transición entre las gestiones entrantes y salientes de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que permita la continuidad de los principales proyectos de inversión con miras al 2023.

Ello, requiere por un lado la disminución de la alta rotación de funcionarios en los distintos niveles jerárquicos del Gobierno Nacional para permitir la oportuna toma de decisiones, dar marcha a los compromisos entre instituciones, y continuar con los principales proyectos en los tiempos y costos previstos, procurando las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios; así como un importante soporte que combine la meritocracia en materias técnicas especializadas como la inversión pública con el el apoyo político para fortalecer los equipos y los proyectos. En el caso de los gobiernos subnacionales, el papel del ejecutivo debe ser proactivo, acompañando una buena transición entre gestiones entrantes y salientes. Por proactivo, nos referimos a una actitud que más allá de dejar en manos de la Contraloría General de la República la aplicación de las normas que emite para la transferencia de gestión subnacional, adopte más bien una estratégica pensando en la continuidad de la inversión pública, orientando y acompañando para evitar que, como suele suceder en estos escenarios electorales, la información de las inversiones públicas y de todo lo relativo a ellas (convenios, licencias, permisos administrativos, avances del impacto ambiental, documentos de coordinación para el saneamiento físico legal, valorizaciones, entre otros), se pierda.

En el discurso, se mencionan proyectos como Chavimochic tercera etapa, Majes Siguas II y hospitales para los que se han suscrito contratos de Gobierno a Gobierno en gestiones previas, ejemplos que justamente demuestran la importancia de la continuidad, el compromiso, la transparencia, el buen análisis técnico y las consecuencias de su ausencia. Sin profundizar en ello, pese a las expectativas se podrá correr el riesgo de continuar escuchando esos mismos proyectos una y otra vez en todos los discursos presidenciales, sin ver resultados concretos, que más allá del potencial reinicio de obras o ejecuciones parciales, permitan hablar de servicios a punto de ser prestados a favor de la ciudadanía.

Un aspecto relevante es la ausencia de una mención clara a la principal cartera de proyectos del país, que se entiende está contenida en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

El último reporte oficial de seguimiento del PNIC, data de enero del 2022 con información de diciembre del 2021, a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene la misión transitoria de hacerle seguimiento al PNIC. Parte del mínimo avance del Plan (17% de ejecución financiera al 31 de diciembre de 2021, habiéndose aprobado con cerca del 11% de ejecución financiera de la cartera de proyectos que lo componen), se debe a nuestro criterio, justamente a la ausencia de una institucionalidad pública que tenga la tarea específica de hacer no solo el seguimiento, sino también el acompañamiento y destrabe constante de los proyectos. Esa visión de mejora de la institucionalidad para el impulso de estos proyectos prioritarios, no se encuentra presente en el mensaje presidencial. A ello, agregamos que el MEF ha anunciado que se encuentra en proceso la actualización del PNIC, aspecto que consideramos de suma importancia, pero que al parecer no tendría a criterio del Poder Ejecutivo, la importancia suficiente como para entrar en el discurso presidencial, evidenciando el énfasis dado a la infraestructura pública y a la inversión pública en la gestión actual.

El discurso, si bien menciona avances en materia de electrificación rural, algunas obras en educación, transferencias de presupuestos y expectativas de proyectos a realizar, presenta amplios espacios de mejora para aterrizar en aspectos propios de gestión. Por ejemplo, a través de la presentación de propuestas claras para mejorar los índices de ejecución del propio Gobierno Nacional, que al 27 de julio de 2022 tiene una ejecución presupuestal de 32.5% del monto anual destinado a inversión pública; así como de una estrategia para procurar que las elecciones regionales y municipales de octubre no golpeen a la inversión pública con miras al 2023. En suma, el discurso carece de una estrategia clara, para impulsar la inversión pública en lo que queda del 2022 y en el 2023.

En la siguiente Tabla podemos ver el porcentaje de ejecución respecto del monto anual presupuestado para inversión pública por niveles de gobierno, así como para todo el Estado.

Tabla 1

Cómo se puede apreciar, los tres niveles de gobierno se encuentran lejos de llegar al 50% pese a encontrarse sobre la mitad del año. En el caso de los Gobiernos Regionales, se encuentra claramente evidenciada la necesidad de un mayor apoyo, sin perjuicio de que los tres niveles de gobierno, revelan necesitar asistencia técnica para ejecutar sus inversiones.

En la siguiente tabla podemos ver el desagregado en algunos sectores del Gobierno Nacional:

Tabla 2

Cómo se desprende de la Tabla 2, el 27 de julio de 2022 se cuenta con diversos sectores del Gobierno Nacional, que presentan dificultades para el manejo de los recursos destinados a la inversión pública. Si bien el Gobierno Nacional abarca no solo al Poder Ejecutivo, en este cuadro se muestran algunos sectores liderados por éste, siendo Energía y Minas aquel que presenta una mejor ejecución de estos recursos, mientras que Desarrollo e Inclusión Social así como Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentan porcentajes sumamente bajos de ejecución presupuestal.

En el caso de inversión pública con participación privada, se requiere una actualización de la cartera que maneja PROINVERSIÓN, y la generación de lazos de confianza con el sector privado, que le permitan adentrarse en grandes proyectos. Este aspecto consideramos resulta clave en un escenario donde la gran rotación de funcionarios de todo nivel jerárquico, a lo largo de los distintos procesos en el ciclo de vida de los proyectos, conlleva a dificultades para coordinar, llegar a acuerdos y compromisos duraderos en el tiempo. Ello, se acompañará con nuevas gestiones subnacionales que requerirán apoyo para realizar adecuadamente los procesos de la inversión pública y para dar continuidad de sus inversiones, incluyendo la continuidad de los compromisos previamente asumidos por sus predecesores.

*Texto original publicado previamente en el portal web del Diario Gestión el 27.07.2022, el cual ha sido ampliado en la presente columna.