La crisis sanitaria por la COVID-19 continúa, junto con la compleja situación económica y la necesidad de generar puestos de trabajo, que serán parte del correlato que acompañe al próximo gobierno en sus inicios. A pocos días de las elecciones, los distintos candidatos anuncian en sus intervenciones mediáticas y en sus planes de gobierno, la creación de empleo mediante la inversión pública. Algunos, no identifican proyectos puntuales con lo cual puede tratarse de nuevas inversiones a formular, mientras que otros presentan una fórmula mixta, llegando inclusive a mostrar en sus planes de gobierno un listado con el detalle de las inversiones, que pueden estar a nivel de idea, en ejecución, y dentro de éstas con ejecución lenta o paralizada anunciando que serán impulsadas.
Es conveniente tener presente la finalidad principal de la inversión pública no es propiamente la generación de empleo. En términos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.pe, éste busca: “la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país”. No obstante, es indiscutible que la inversión pública tiene un efecto en la creación de puestos de trabajo temporal, y en el movimiento de la cadena de pagos, que resulta de suma importancia en contextos de reactivación económica como el presente. Al respecto, el ciclo de la inversión, tiene cuatro fases distintas: a) programación multianual de inversiones, b) formulación y evaluación, c) ejecución y d) funcionamiento; en las cuáles es posible identificar efectos generadores de empleo en distintos rubros y en medida.
Sobre la fase de programación multianual de inversiones, toda vez que consiste en el análisis de las brechas de infraestructura y servicios a cargo del Estado, y sus criterios de medición, así como de la elaboración de la cartera de inversiones, básicamente estaremos en un espacio donde adicionalmente al aparato público en sí mismo, participan consultores especializados en la materia. Similar ocurre con las inversiones en formulación y ejecución, que también tienen un impacto inmediato reducido en el empleo, por consistir en la elaboración de los estudios de preinversión y las fichas técnicas a ser evaluadas (para determinar su viabilidad en el caso de proyectos de inversión, o su aprobación en el caso de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación).
Es en las inversiones en ejecución, donde podemos hablar de un mayor impacto, por estar involucradas directamente empresas constructoras y sus trabajadores, así como toda su cadena de proveedores, suministros, subcontratistas, entre otros. La duración de las inversiones en ejecución, idealmente deberían ceñirse al tiempo previsto en los cronogramas de ejecución, dado que no se busca permanecer en la construcción de la obra indefinidamente, sino la puesta en funcionamiento del servicio o del activo, siendo el lapso de tiempo de ejecución el horizonte estimado del trabajo que se genera en esta etapa (que según la envergadura, podrían llegar a ser algunos años).
En la etapa de funcionamiento de la inversión, tendremos la operatividad, los servicios que brinda el Estado y el mantenimiento, lo que pueden requerir otro tipo de proveedores por tratarse de actividades que se financian primordialmente con gasto corriente, es decir, de actividades de carácter constante o propias de la Entidad.
Volviendo a la etapa de ejecución, será importante que las futuras autoridades tengan presente que iniciar obras con problemas o sin tener todos los requisitos previos adecuadamente analizados y saneados, podrá llevar a la paralización de las obras, lo cual no moverá la economía ni impactará en el empleo positivamente, todo lo contrario, generará resoluciones contractuales, y solicitudes de pagos a las empresas constructoras por parte sus propios proveedores, subcontratistas o trabajadores, con quienes no podrán cumplir y a quienes no podrán pagar, porque la obra no avanza. Asimismo, al Estado le podrían generar adicionales de obra, adendas, indemnizaciones y costos políticos. Estas obras, que por lo general empiezan aceleradamente o con falencias de información, al inicio podrán dar la impresión de generar trabajo en el corto plazo (mientras se ejecuta un porcentaje de la misma), pero en realidad, con su paralización generarán deudas y problemas legales, sobrecostos, y ni qué decir del descontento social y la postergación de las necesidades de la población.
La fórmula no es nueva, y ya se ha buscado recurrir a la inversión pública para reactivar la economía y crear trabajo. El éxito de estas medidas dependerá finalmente, de la adecuada identificación de las inversiones, del sólido análisis técnico, del cumplimiento de los requisitos y articulaciones previas para evitar caer en escenarios de paralización, así como del acompañamiento y de la gestión.
