Escuchamos en distintos medios declaraciones sobre la importancia de la inversión pública para impulsar la reactivación económica nacional. Ello ha puesto en los radares del quehacer público económico la búsqueda de alternativas para mejorar su ejecución y sus porcentajes de crecimiento, lo cual resulta válido y necesario. No obstante, la pandemia ocasionada por la COVID-19 nos deja distintas lecciones respecto de la relación entre la economía y lo social, entre las cifras y cómo vive la gente.
No es gratuito que en plena segunda ola, en medio de todas las preocupaciones sanitarias, sean temas importantes la inversión pública y el otorgamiento de bonos, ambos con contenido económico y repercusión social. En respuesta, desde la inversión pública no se puede seguir repitiendo la misma fórmula, se deben buscar mecanismos que incluyan adecuadamente a la población en los servicios que genera.
Es larga la lista de los aspectos que no se condicen con la fortaleza macroeconómica del Perú en las últimas décadas, como el sistema de salud, la informalidad, la falta de acceso al sistema financiero, la desigualdad en el acceso a la educación, la violencia doméstica, así como la ausencia de un adecuado enfoque de género en la gestión y políticas públicas, que ha contribuido a que las mujeres se encuentren entre los grupos más afectados económicamente por la pandemia.
Sobre este último aspecto, consideramos que el enfoque de género es fundamental para fomentar un verdadero cambio en la inversión pública y en sus repercusiones en la calidad de vida de la población. Suena un poco extraño, pues al hablar de inversión pública tradicionalmente nos viene a la mente una construcción u obra, pero desde hace varios años se dejó de equiparar (al menos conceptualmente), a las inversiones públicas con fierro y cemento, para fomentar la inclusión de aspectos relacionados con el servicio, investigación, tecnología, medio ambiente, entre otros.
Más sorpresivo será que afirmemos el fomento del enfoque de género en la inversión pública desde tiempos del derogado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que fue reemplazado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), vigente desde el 2017. Lamentablemente, no ha tenido una adecuada continuidad y difusión (salvo valiosas excepciones), existiendo un importante espacio de mejora.
Entre los esfuerzos realizados, destaca el aporte de la ONU Mujeres en el 2011, con el Artículo Especial: El enfoque de género en los proyectos de inversión pública, según el cual en los primeros 10 años del sistema de inversión pública (del 2001 al 2011), solo se declararon viables 337 proyectos orientados al enfoque de género, mujer, igualdad de oportunidades y protección de niños y niñas (51 del gobierno nacional, 88 de los gobiernos regionales y 198 de los gobiernos locales). Recomendable sería contar con un buen diagnóstico oficial similar, puesto a disposición pública, que evidencie lo ocurrido durante los siguientes 10 años, del 2011 al 2021.
Ante la ausencia de esta información, tomaremos cifras recientes. El Programa Multianual de Inversiones del Estado 2020-2022 es el documento elaborado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (rector del Invierte.pe), que agrupa las programaciones de las entidades y empresas de los tres niveles de gobierno sujetas a este sistema, para los años 2020, 2021 y 2022. Las funciones priorizadas por los tres niveles de gobierno son: transporte 17%, educación 19%, saneamiento 22%, agropecuaria 6%, salud 4%, y otros con 32%.
No se encuentra una función que remita directamente a inversiones orientadas al enfoque de género, mujer, igualdad de oportunidades y protección de niños y niñas. Lo afirmado, no implica que en algunos proyectos de las funciones priorizadas no se pudieran encontrar presentes elementos de análisis con enfoque de género, lamentablemente no existe una herramienta puesta a disposición pública para extraer reportes al respecto.
Analicemos lo gastado en el 2020. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha referido a la violencia familiar como una ´pandemia’ adicional a la COVID-19, veamos entonces la ejecución de la categoría presupuestal 0080: Lucha contra la violencia familiar.
Según la consulta amigable del MEF, los gobiernos locales ejecutaron el 47.8% de los recursos previstos, el gobierno nacional el 70% (la mayoría de inversiones consisten en remodelaciones de oficinas), y los gobiernos regionales el 100%. Sobre esto último, ese 100% consistió en el pago de un expediente técnico. Dicho con claridad, en el 2020 de todos los gobiernos regionales del Perú, solo uno de ellos gastó dinero destinado a inversión pública contra la violencia familiar, financiando un expediente técnico.
La lucha contra la violencia familiar requiere de un importante componente de gestión y de acciones que no constituyen gasto de inversión. Mas en materia de inversión pública, la capacidad para elaborar y ejecutar inversiones con esta finalidad no se ajusta a lo que necesita el país. Más allá de declaraciones mediáticas, se requiere decisión y liderazgo, fortalecer las capacidades técnicas, retomar y difundir la importancia del enfoque de género en la inversión pública articulando entre los distintos actores.
Si volvemos al artículo especial de ONU Mujeres, encontraremos entre las sugerencias para incluir el enfoque de género en la inversión pública la importancia de realizar las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede facilitar el acceso de las mujeres a la información y a los recursos que ofrece el proyecto? ¿De qué manera se puede garantizar que las mujeres, al igual que los hombres, se beneficien de las acciones del proyecto? ¿Qué tipo de metodología tendría que adoptar la unidad formuladora para realizar diagnósticos más participativos? ¿Cómo se puede evitar que el proyecto sobrecargue aún más la jornada de las mujeres? ¿Cómo se puede fomentar la participación de la comunidad, especialmente de las mujeres, en la toma de decisiones, la ejecución del proyecto y el control de los beneficios generados?
Para ponerlo en práctica, ONU Mujeres da algunos ejemplos concretos: formular proyectos realizando consultas a diferentes grupos poblacionales; generando y analizando bases de datos con información desagregada por género; hacer proyectos que incentiven la propiedad de los recursos de forma igualitaria a fin de que tanto mujeres y hombres puedan ser sujetos de crédito; hacer proyectos que fortalezcan las relaciones con las organizaciones sociales de base y que estimulen las iniciativas que demuestren transversalización del enfoque de género. En general, hacer proyectos con participación de mujeres tanto en la identificación, formulación y evaluación, como en su ejecución.
Consideramos que la inversión pública de calidad es aquella que cubre adecuadamente la necesidad identificada, en los tiempos previstos y con las condiciones esperadas, generando el mayor impacto social con su implementación. Esto último, solo se logrará incluyendo adecuadamente a la población y a sus necesidades, lo que implica aplicar correctamente el enfoque de género. Será importante contar con un diagnóstico oficial sobre las inversiones con enfoque de género a la fecha, y con herramientas de datos abiertos que permitan su adecuada revisión por parte de la opinión pública.
Foto: ONU Mujer
